Consolidar la presencia del Estado en las áreas más impactadas por el conflicto, reparar a las víctimas, restituir tierras y reintegrar a excombatientes son algunos de frentes que debe fortalecer Colombia, según la ONU.
Colombia debe fortalecer la presencia estatal en las zonas más afectadas por el conflicto, la reparación a las víctimas, la restitución de tierras, la reintegración de excombatientes y la labor de defensores de derechos humanos para avanzar en su agenda de paz, dijo el viernes un experto de Naciones Unidas.
El país de 50 millones de habitantes enfrenta un conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y el presidente izquierdista Gustavo Petro impulsa una política de paz total que incluye acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las dos disidencias de las FARC y el sometimiento de bandas criminales como el Clan del Golfo.
El relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, advirtió que Colombia enfrenta un preocupante recrudecimiento del conflicto armado en amplios territorios del país, especialmente en aquellos previamente afectados y en sus poblaciones.
"La insuficiente implementación de las garantías esenciales de no repetición contenidas en el Acuerdo de Paz ha alimentado la situación", dijo Salvioli en una conferencia de prensa en Bogotá.
Colombia firmó en 2016 un acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que permitió que más de 13.000 integrantes del grupo se desmovilizaran y se reintegraran a la vida civil conformando un partido político.
Pero casi siete años después de firmado, la implementación del acuerdo avanza con retrasos y dificultades mientras se recrudece la violencia, incluida la generada por una disidencia de las FARC que no lo suscribió y otra que lo abandonó y regresó a la lucha armada.
Salvioli aseguró que existen retrasos en la judicialización de los casos y preocupaciones sobre el papel de las víctimas en la definición de las sanciones a imponer a los perpetradores ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y el tipo de sanciones.
El relator destacó los esfuerzos del Gobierno para avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados y criminales y para implementar las agendas de paz y la justicia transicional surgida del acuerdo de 2016 y que contempla penas más leves que las del sistema de justicia ordinario.
Sin embargo, advirtió que Colombia debe garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en su agenda de paz y justicia transicional respetando los estándares internacionales.
"La respuesta de Colombia debe incluir estrategias para una presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto, la reparación integral de las víctimas, incluida la restitución de tierras, y condiciones sostenibles para el retorno de las víctimas, la reintegración de los excombatientes y la labor de los defensores de los derechos humanos", concluyó.
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